A la evaluación de las políticas implementadas desde entonces se dedicó el primer punto de la agenda, el cual previamente había sido analizado en dos ocasiones por el Buró Político.
Al presentar el tema, Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, expuso que para este análisis se habían tomado en cuenta, fundamentalmente, aquellas políticas con normas jurídicas y un plazo de ejecución suficiente para poder medir sus resultados.
Este estudio tuvo su origen en una indicación impartida por el General de Ejército sobre la necesidad de revisar todas las políticas para conocer a profundidad qué había salido bien, qué se debía rectificar y qué cuestiones obstaculizaban la implementación de las medidas.
Los primeros tres años se caracterizaron por un alto ritmo de implementación de políticas, el cual se redujo luego por la complejidad de las medidas y también a causa de errores en la planificación de los procesos y en su control.
En ello incidieron además limitaciones económicas y financieras que imposibilitaron el respaldo adecuado a un grupo de medidas que requerían inversiones.
Durante los años 2016 y 2017 los esfuerzos se dirigieron, principalmente, a perfeccionar lo logrado.
Entre las causas y condiciones generales que influyeron en los resultados desfavorables se señaló que no siempre la Comisión de Implementación logró involucrar a los órganos, organismos, organizaciones y entidades para que desde la base fueran capaces de orientar, capacitar, apoyar, controlar y rendir cuentas de su gestión.
Al mismo tiempo se ha manifestado una insuficiente integralidad, visión limitada sobre los niveles de riesgos e incompleta apreciación de los costos y beneficios.
En algunos casos ha sido deficiente el seguimiento y control de las políticas, varias de las cuales se fueron desviando de sus objetivos, sin una oportuna corrección.
En el Pleno se valoró que la actualización del modelo económico y social ha evidenciado ser un asunto de gran complejidad. A ello se une el firme propósito de no dejar a ningún cubano desamparado, lo que ha incidido en el ritmo de las transformaciones.
En la actualidad se revisan todos los procesos y entre las prioridades están el ordenamiento monetario, en particular los estudios sobre la unificación monetaria y cambiaria; la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030; así como el examen integral y el perfeccionamiento de las medidas que lo requieran, con las correspondientes propuestas.
Sobre este último asunto se ejemplificó con la política para el trabajo por cuenta propia, de la cual ya han sido firmadas las normas jurídicas de mayor rango y debe desplegarse a continuación un proceso de capacitación que incluirá a los 580 000 trabajadores por cuenta propia y a más de 30 000 funcionarios públicos.
Los miembros del Comité Central se refirieron también a la carencia de una cultura tributaria en el país; al aún deficiente empleo de la contabilidad como herramienta fundamental para cualquier análisis económico; y a las dificultades en la comunicación de las políticas, que en ocasiones no permitieron una comprensión a fondo por la población de estos difíciles temas y generaron malas interpretaciones debido a vacíos informativos.
Finalmente, el V Pleno del Comité Central aprobó el informe evaluativo y las acciones futuras que aseguran la continuidad de la actualización del modelo económico y social mediante una mayor participación y responsabilidad de los Organismos de la Administración Central del Estado, las entidades nacionales y demás órganos.
El Primer Secretario del Comité Central del PCC consideró que se ha trabajado duro a partir de los lineamientos del VI y VII congresos. A pesar de los errores e insuficiencias reconocidas en este Pleno, la situación es más favorable que hace algunos años, dijo.
Definió como tarea fundamental de todos los comunistas enfrentar los problemas sin titubear desde el primer momento, planificar mejor para poner los recursos donde verdaderamente se necesitan y no esperar a que las soluciones lleguen de arriba, sino aportar ideas creadoras y racionales.
Reiteró la necesidad de ahorrar hasta lo más mínimo, ajustándonos a la realidad que vivimos. Tenemos que adelantarnos a los problemas, luchar resuelta e inteligentemente y mantener la unidad de la nación.
En tal sentido, recordó los difíciles momentos del Periodo Especial en la década del noventa, cuando el país atravesaba una situación extrema. El escenario desde entonces ha cambiado, pero tenemos que reconocer que nos falta mucho por hacer en la planificación de nuestra economía pues aún persiste una mentalidad derrochadora, cuando la línea a seguir tiene que ser la del ahorro y la eficiencia.
Recordó que la Revolución, que catalogó como la obra más hermosa que hemos hecho, ha tenido que enfrentar y vencer desde sus inicios todo tipo de obstáculos y ante los nuevos retos debe prevalecer el espíritu de resistencia y combatividad que ha caracterizado a nuestro pueblo, sin un atisbo de pesimismo y con total confianza en el futuro.
Política de la Vivienda
Los asistentes al Pleno analizaron en detalle el proyecto de la Política de la Vivienda en Cuba, en la cual se viene trabajando desde hace algún tiempo y tiene como punto de partida los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución.
El ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, aseguró que se trata de abordar el asunto de la vivienda de una forma diferente, utilizando todos los recursos con que cuenta el país y de manera ordenada.
Para su elaboración se tuvieron en cuenta el estado actual del fondo habitacional y la conformación de una estrategia para detener el deterioro y luego avanzar en su recuperación y solución.
En Cuba existen algo más de 3 824 000 viviendas, según datos del último Censo de Población efectuado en el 2012 y otras evaluaciones realizadas hasta junio del 2017. De ellas, el 39% se encuentra en regular y mal estado técnico.
La proyección para la recuperación del fondo habitacional del país se estima en no menos de diez años, con prioridad en el primer quinquenio para las viviendas con un mayor deterioro.
Para emprender esta tarea se realizarán importantes inversiones en la industria del cemento, al tiempo que se continúa la remodelación de la planta de Siguaney, en Sancti Spíritus, así como la modernización de la planta de cerámica blanca de Holguín, que incrementará de manera sustancial la fabricación de azulejos y muebles sanitarios.
A la par de estas inversiones, se prevé un mayor desarrollo de la producción local de materiales, que en los últimos cinco años ha venido creciendo anualmente entre el ocho y 11 %. Al cierre del 2016 ya se producían en los 168 municipios un total de 57 renglones, a partir de las materias primas y reciclables de las localidades.
Para este año se instalarán 423 minindustrias en municipios y consejos populares, que se suman a las que ya funcionan en los territorios.
Los participantes en el V Pleno recalcaron la importancia de la producción local de materiales como soporte fundamental de la política de la vivienda pues acerca la solución a los territorios, permite la participación colectiva y fortalece el papel de los municipios en la solución de sus problemas habitacionales.
En este intenso movimiento constructivo que acometerá el país participarán todos los actores posibles, entre ellos las familias, las organizaciones estatales de la Construcción, las cooperativas, las empresas constructoras subordinadas a los consejos de la Administración provinciales y las del sistema empresarial estatal del país.
El General de Ejército Raúl Castro Ruz reiteró que esta política de la vivienda tiene que incluir y prever el respeto al ordenamiento territorial y urbanístico, empezando por las instituciones del Estado para luego exigir a la población. No se trata de prohibir las construcciones en tal o más cual lugar, insistió, sino hacerlo de manera ordenada y donde estén creadas las condiciones elementales para ello.
Convocó a los miembros del Comité Central a analizar con un mayor detenimiento el informe presentado y consultarlo con otros compañeros y especialistas en sus respectivos territorios, con el ánimo de profundizar y aportar nuevas consideraciones antes de ser aprobada su implementación por el Gobierno.
Estudios para la reforma constitucional
En otro punto de la reunión, el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta Álvarez, presentó a los miembros del Comité Central un informe aprobado por el Buró Político acerca de los estudios que se vienen realizando para una futura reforma de la Constitución, que deberá reflejar las principales transformaciones económicas, políticas y sociales derivadas de los acuerdos aprobados en el VI y VII congresos del Partido y de los objetivos de su Primera Conferencia Nacional; al tiempo que ratificará el carácter irrevocable de nuestro socialismo y el papel dirigente del Partido en la sociedad cubana.
La reforma recogerá las experiencias adquiridas en estos años de Revolución, particularmente en la organización y funcionamiento de los órganos del Poder Popular y el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Tiene como referentes nuestra historia constitucional y procesos similares en otros países.
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